Un esquema de fraude transnacional ha sido desmantelado en Estados Unidos, con ramificaciones directas hacia Ibagué, Colombia. Cuatro ciudadanos colombianos, oriundos de la capital del Tolima, fueron formalmente acusados por autoridades estadounidenses de liderar una sofisticada red dedicada al fraude electrónico, suplantación de funcionarios y lavado de dinero. Operaban bajo la fachada de un bufete de abogados ficticio especializado en asuntos migratorios, cobrando a sus víctimas sumas considerables por servicios que nunca se materializaban.

La denuncia, interpuesta ante el Distrito Este de Nueva York, señala a Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25 años), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29), Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (38) y Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24). Los tres hermanos Sánchez Ramírez fueron detenidos mientras intentaban abordar un vuelo de regreso a Colombia en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Por su parte, Salazar Pineda fue capturada en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada, permanece prófugo de la justicia.

El 'modus operandi' del falso bufete

Los acusados habrían conformado una entidad legal inexistente denominada CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria. A través de anuncios y publicaciones en redes sociales, principalmente en Facebook, captaban a individuos vulnerables que buscaban regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Prometían asesoría legal para trámites migratorios, cobrando honorarios que oscilaban entre varios cientos y miles de dólares.

Un detalle crucial es que ninguno de los implicados poseía licencia para ejercer como abogado en territorio estadounidense. A pesar de ello, tras recibir los pagos, enviaban a sus víctimas documentos falsificados que imitaban logotipos de agencias gubernamentales de Estados Unidos, buscando conferir una apariencia de legalidad a sus fraudulentas gestiones. La investigación ha rastreado más de 100.000 dólares (equivalentes a más de 360 millones de pesos colombianos) en transacciones fraudulentas.

Audiencias simuladas y engaño a gran escala

La sofisticación del fraude se extendía a la realización de audiencias migratorias simuladas mediante videollamadas. En estas sesiones virtuales, los acusados se hacían pasar por jueces de inmigración, agentes federales o abogados. Para dar mayor credibilidad a la farsa, utilizaban togas, uniformes y montaban escenarios con sellos y banderas oficiales. Durante estas audiencias ficticias, obtenían información personal sensible de los afectados.

En algunos casos, los implicados informaban falsamente a las víctimas que sus procesos migratorios se habían resuelto favorablemente. Este engaño llevó a que algunas personas dejaran de asistir a audiencias reales ante los tribunales migratorios. Como consecuencia directa de esta manipulación, al menos una persona recibió una orden de deportación que posteriormente tuvo que ser revocada una vez que se identificó el fraude.

Declaraciones de las autoridades

El fiscal federal Joseph Nocella enfatizó la gravedad del caso, declarando: "Los implicados socavaron la integridad del sistema de inmigración al hacerse pasar por jueces, funcionarios y abogados, aprovechando la vulnerabilidad de personas en situaciones legales delicadas." Subrayó la responsabilidad del grupo al manipular la confianza de quienes buscaban regularizar su estatus.

Cargos y presunción de inocencia

La denuncia formal presentada ante el Distrito Este de Nueva York imputa a los cuatro ibaguereños cargos por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y suplantación de funcionarios de Estados Unidos. Cada uno de estos delitos conlleva una pena potencial de hasta 20 años de prisión en caso de ser declarados culpables por un tribunal.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que los cargos presentados constituyen acusaciones formales y que los procesados gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad durante el juicio. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total del esquema y la cantidad exacta de personas afectadas por las acciones de esta red delictiva.