Un juez ha decidido archivar la causa judicial que investigaba un supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Municipal de Madrid celebradas en 2021. La resolución judicial determina la inexistencia de pruebas sólidas que respalden las sospechas de irregularidades, lo que exonera a los altos mandos investigados y revoca todas las medidas cautelares impuestas. La investigación se inició a raíz de una denuncia que apuntaba a posibles filtraciones de preguntas de examen.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha dictado el archivo de las actuaciones, argumentando que la denuncia presentada por la Asociación de la Policía Unificada de Madrid (APMU) carecía de sustento probatorio suficiente, calificándola como una "mera sospecha". Según reportes de Europa Press, las diligencias practicadas durante la investigación se consideraron insuficientes para sostener acusaciones de delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos o uso indebido del secreto por funcionario.
Altos mandos exonerados
Entre los investigados figuraban mandos de alto rango del cuerpo policial, incluyendo al comisario jefe Oskar de Santos, el excomisario José Luis Morcillo y el exintendente Miguel Carmona. Estos responsables, en sus declaraciones ante el juzgado, atribuyeron la denuncia a un intento de "daños políticos", calificándola como un "montaje" y señalando que la oposición política podría haber utilizado la causa como "ariete político" contra la imagen de la Alcaldía de Madrid.
Origen de la denuncia
La causa se originó tras la denuncia interpuesta por la APMU, una organización que sostenía que algunos miembros del tribunal encargado de las oposiciones habrían filtrado preguntas del examen a determinadas academias y aspirantes. El procedimiento judicial se centró específicamente en los exámenes convocados en 2021, mediante un decreto del 2 de julio, para cubrir seis plazas de la Policía Municipal. En esta convocatoria participaron un total de 230 aspirantes.
Análisis del proceso de examen
El análisis jurídico detallado en el auto judicial reveló que solo el presidente del tribunal tenía conocimiento completo del contenido de la prueba. De manera significativa, ninguno de los vocales del tribunal aparece denunciado en el expediente. La elaboración de las preguntas recayó sobre los propios miembros del tribunal, quienes no tuvieron acceso al conjunto completo del examen. La clave de acceso al mismo fue remitida posteriormente, un hecho que, según el juez, imposibilitaba que cualquiera de los implicados conociera de antemano el contenido global de la prueba.
“No se sostiene de ninguna manera ninguna de las afirmaciones realizadas en el escrito de denuncia, más allá de la mera sospecha o afirmaciones sin elemento probatorio suficiente”, subrayó el juez, según declaraciones recogidas por Europa Press.
Antecedentes y reapertura del caso
La intervención del juzgado se produjo después de que la Audiencia Provincial de Madrid aceptara un recurso presentado por la APMU, al que se sumó el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM). En respuesta a este recurso, la sala ordenó la reapertura de la causa para solicitar un mayor esclarecimiento de los hechos y de las posibles circunstancias relevantes. Sin embargo, tras la práctica de estas diligencias suplementarias, el juez ha concluido finalmente con el sobreseimiento y archivo del caso por falta de pruebas contundentes.
Reacciones políticas y de la APMU
Tras conocerse el archivo, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, solicitó una "rectificación" por parte de los grupos de la izquierda, señalando que "algunos deberán rectificar las barbaridades que se han oído en los últimos días". Por su parte, la Asociación de la Policía Unificada de Madrid expresó su desacuerdo con la decisión judicial, lamentando que no se hubieran valorado todos sus argumentos ni su petición de nuevas pruebas. Fuentes del colectivo indicaron que analizarán el auto para determinar la viabilidad de recurrir la resolución.
El precedente judicial
El precedente de esta causa se remonta a la apertura de diligencias en 2022, cuando el magistrado accedió a investigar las imputaciones contra cinco miembros de la cúpula de la Policía Municipal por posible organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. En aquel momento, el denunciante justificó la presentación del caso al alegar la existencia de "notables indicios de irregularidades en varios procesos selectivos". Inicialmente, el magistrado encontró características en la denuncia que hacían presumir la posibilidad de una infracción penal, lo que derivó en la apertura formal de la causa y la imposición de las medidas cautelares que hoy han sido revocadas.
Tras la instrucción y la práctica de diligencias, el juzgado ha concluido que no existen indicios suficientes que permitan continuar adelante con la investigación. El cierre de la causa, según consignó Europa Press, deja sin efecto cualquier consecuencia procesal para los altos mandos señalados en la denuncia y extingue toda medida judicial impuesta previamente, poniendo fin a un proceso que generó considerable atención mediática y política.
