La masiva tractorada que generó un considerable caos en las calles de Burgos el pasado 16 de enero ha derivado en consecuencias administrativas para sus principales organizadores. Según ha informado el Diario de Burgos, la Policía Local ha impuesto multas de 600 euros a los presidentes de las organizaciones agrarias convocantes, quienes ya han adelantado su intención de recurrir las sanciones.
Aquella jornada de protesta, convocada principalmente contra el acuerdo de Mercosur, paralizó la ciudad durante aproximadamente seis horas. Cientos de tractores tomaron las arterias principales de la capital burgalesa, generando un colapso circulatorio que culminó con momentos de alta tensión, especialmente en el entorno de la Subdelegación del Gobierno.
Las claves de la sanción
La sanción económica se fundamenta en el bloqueo que se produjo a la altura de la Subdelegación del Gobierno, que terminó con el corte total de la calle San Lesmes y la plaza del Mío Cid. Según la fuente, aunque fueron numerosos agricultores los que tomaron la decisión de cortar el tráfico, las multas parecen haberse dirigido específicamente a las figuras más visibles de la convocatoria.
Los líderes agrarios sancionados, que se encontraban en ese punto neurálgico de la manifestación, son:
Susana Pardo, presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).
Esteban Martínez, quien en la fecha de la protesta aún estaba al frente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).
Gabriel Delgado, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Aunque los afectados han optado por no realizar declaraciones públicas sobre el asunto, sí han confirmado su intención de recurrir la sanción. Consideran que las razones expuestas por la autoridad para justificar la multa no tienen ningún sentido, según lo recogido por el medio local. La percepción es que se ha sancionado a las "caras más famosas" de la movilización, a pesar de que la acción de bloqueo fue llevada a cabo por un grupo más amplio de manifestantes.
La versión de los organizadores sobre la tensión
El día de la tractorada se vivió una discusión importante entre los manifestantes y la Policía Local. El principal punto de fricción fue la decisión policial de impedir el paso de los tractores desde la Subdelegación, una medida que, según los agricultores, no fue comprendida y contribuyó decisivamente al colapso de toda la capital.
De hecho, en una nota de prensa emitida esa misma jornada, las organizaciones agrarias criticaron duramente la actuación del cuerpo municipal. En el comunicado, los convocantes expresaron su malestar por la gestión del dispositivo de seguridad.
Aseguraron que les habían tenido «encerrados» hasta las 16 horas en la calle Vitoria, cuando esa era precisamente la hora límite que se les había detallado en la autorización para pasar por la Subdelegación.
Un precedente para futuras movilizaciones
La tensa experiencia de la primera gran tractorada del año contrasta con la segunda movilización, celebrada también en enero. En esa ocasión, la Policía Nacional asumió un mayor protagonismo en el control del dispositivo, y la jornada transcurrió con mayor normalidad y sin los picos de tensión del evento anterior. Este cambio fue celebrado en su momento por las propias organizaciones agrarias, que destacaron una mejor coordinación.
Ahora, con las multas sobre la mesa, el conflicto entre una parte del sector agrario y las autoridades locales de Burgos escribe un nuevo capítulo. La resolución de los recursos presentados por los líderes sancionados será clave para determinar la responsabilidad final sobre un día que puso en jaque la movilidad de toda una ciudad.
